17/04/2026
En los últimos años, el sistema penitenciario peruano ha enfrentado desafíos estructurales persistentes, entre ellos el hacinamiento, limitaciones en la gestión institucional, debilidades en los mecanismos de control y la creciente incidencia del crimen organizado al interior de los establecimientos penitenciarios. Estos factores han evidenciado la necesidad de revisar el modelo de gobernanza y la arquitectura organizacional del sector, en el marco de una política pública orientada a fortalecer la seguridad, la resocialización y la eficiencia administrativa.
En ese contexto, mediante el Decreto Legislativo N.° 1710, publicado el 04 de febrero de 2026, se dispuso la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que reemplaza al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) como órgano rector del sistema. La norma establece el marco jurídico para una transición institucional que implica modificaciones en la estructura organizativa, en los mecanismos de supervisión y en el esquema de gestión del personal penitenciario, configurando un proceso de rediseño institucional de alcance nacional.
Este escenario abre una etapa de análisis técnico respecto a los fundamentos jurídicos, administrativos y criminológicos del nuevo modelo, así como sobre sus implicancias en términos de implementación, sostenibilidad presupuestal y capacidad operativa. La transición institucional constituye, por tanto, una oportunidad para examinar, desde la academia y con enfoque interdisciplinario, los retos y condiciones
necesarias para consolidar un sistema penitenciario funcional, legítimo y orientado a resultados.
